Y ahora… hablemos en serio

El 27 de Febrero último, la naturaleza hizo al país una severa amonestación, conminándolo al restablecimiento del orden y la cordura que deben regir la convivencia social que pretende el desarrollo y mejor calidad de vida de sus habitantes.
Desde la recuperación de la democracia, la clase política nos ha sometido a un clima de desavenencia pertinaz y majadero, por cierto infértil, socavando la eficiencia de las instituciones, afectando la calidad de gestión y productividad, pese a lo cual, se han alcanzado resultados que podrían haber sido más satisfactorios.
La idolatría del mercado, la indiferencia ante la distribución regresiva del ingreso, la concentración del poder económico, y las consecuencias lógicas de estos males, pobreza, desempleo y subempleo, alcoholismo, drogadicción y delincuencia, se tratan con una liviandad escandalosa, a lo que se suma la presunción de imbecilidad del ciudadano.
Desde hace más de cinco años, asistimos a una campaña electoral ininterrumpida, que se caracteriza por un despliegue inconveniente y abusivo de publicidad engañosa, que sólo produce cansancio y desencanto a la vez que estigmatiza la actividad política que merece mejor consideración.
La muletilla más recurrente en nuestro medio carece en absoluto de originalidad: el cambio.
La naturaleza, una vez más, entregó una respuesta contundente: el cambio llegó y se quedará un rato largo.
El 27 de Febrero se movió el piso de la Quinta a la Novena Región, y produjo cambios no deseados a sus habitantes en sus hogares, familias, trabajo, abastecimiento, servicios, seguridad, educación, salud, justicia, y obliga a una reacción consecuente, inteligente, oportuna, factible, esforzada y disciplinada, a todos los estamentos en una u otra forma comprometidos, sin exclusiones.
La reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto y tsunami, hace necesario que se formulen planes que consideren principios morales, objetivos políticos económicos por ramas de actividad y ubicación, recursos materiales y humanos, organización y gestión, supervisión.
El aserto que “las instituciones funcionan” tiene la mejor opción de comprobar su efectividad o, en su caso, la necesidad de reemplazo. Lo mismo ocurre con la Ley, cualquiera sea su jerarquía. En la formulación de los planes debe prevalecer la necesidad por sobre toda otra consideración, lo que eventualmente puede originar reformas constitucionales.
Estamos en presencia de un problema país que requiere un esfuerzo acorde a su dimensión de todos, sin exclusiones, gobernantes y gobernados, deponiendo animosidad y protagonismo mediático. La autoridad no necesita señales vistosas como casacas rojas y cascos, pero no puede prescindir del ascendiente moral, que supone integrar con sabiduría: conocimiento, objetividad, prudencia, tolerancia, sencillez, realismo.
La reconstrucción del país exige la formulación de planes que reproduzcan una lectura de consenso de la expresión ciudadana sobre todos los temas que ello implica. El diseño y ejecución de políticas de unidad nacional ha demostrado su eficacia en experiencias anteriores, como el terremoto de Chillán de 1939, el de 1960, que demostraron que la reconstrucción no sólo es posible, pero además genera un reordenamiento que comunica sus potencialidades a todos los factores proactivos que participan en ella.
La institucionalidad vigente determina calidades y grados en la formulación de las políticas a desarrollar, y, por cierto, los lineamientos de conducción y liderazgo son importantísimos y deben asumirse con seriedad y responsabilidad.
El predominio de erupciones de verborrea y malabares circenses que caracterizó el inicio del tratamiento por quienes están llamados a conducirlo, felizmente está cediendo lugar a actitudes más prudentes y acordes a la hora presente, lo que nos alienta a hacer presente, SIN SORDINA, nuestro parecer frente a materias específicas.

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